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Columnas de opinión

Bien librada Ecopetrol en la nueva realidad

Entre abril y junio la situación financiera y operativa de Ecopetrol estuvo enmarcada por la caída de precios del petróleo y la emergencia sanitaria por el Covid-19, con una producción de crudo de 677.000 BPD por el cierre de 300 pozos, con un descenso en utilidades de 97,5% en el consolidado semestral, además que sus ventas totales cayeron 31,3% en el segundo trimestre con $23,5 billones, una cifra no vista desde el 2015 con $26.3 billones y el 2010 con $20.4 billones.

Y es que las medidas de aislamiento social implementadas a nivel global, que derivaron en el decrecimiento de la demanda de combustibles, llevaron a una reducción del 38% en el precio del crudo Brent, incluso por debajo de US$20 durante algunas jornadas.

Para Ecopetrol, también las ventas de los principales productos refinados presentaron una disminución del 46% frente al promedio de 2019, con una reducción en jet fuel del -89%, para la gasolina de -46% y el diésel en -35%.

Estos resultados eran previsibles, pero lo importante es lograr una reactivación inmediata de la operación bajo condiciones óptimas de disciplina de costos y ágiles decisiones, que permitan recuperar los ingresos a niveles normales. Muestra de este horizonte, que deja ver un mejor panorama, es que a la fecha ya se reabrieron más de 200 pozos a producción.

Ecopetrol ha podido, de manera resiliente, enfrentar la nueva realidad con un rápido ajuste financiero y operativo, teniendo como base tres pilares: estricta disciplina de capital, protección de la caja y eficiencia en costos, y crecimiento de reservas y producción rentable.

A través de esta estrategia la empresa generó utilidad, aunque muy baja. No obstante, los cerca de $25.000 millones que obtuvo en ganancias, le permiten salir no tan mal librada si se compara con otras petroleras del mundo, tales como Pemex que han revelado pérdidas cuantiosas, debido a que no solo no gana dinero produciendo crudo, sino que también pierde dos dólares por cada barril que refina.

En el primer semestre la petrolera mexicana Pemex y Petrobras de Brasil reportaron pérdidas de alrededor de US$1,900 millones y US$524 millones de dólares respectivamente.

Un análisis comparativo de la firma Capital IQ indica que la utilidad neta de Ecopetrol solo es superada por la estatal tailandesa PTTEP, la cual registró una caída del 50,5%, y supera a Equinor con -130,2% y a la española Repsol con -316,8%. 

De otro lado, en medio de esta coyuntura Ecopetrol confirmó que destinará entre US$9.000 millones y US$10.000 millones para el segmento de exploración y producción. Divididos así: 78% de este monto será para activos estratégicos en el país con la perforación de hasta 30 pozos a 2022 incluyendo inversiones para costa afuera, nuevas áreas de exploración, y los Proyectos Piloto de Investigación Integral en no convencionales; mientras que 22% será para las actividades a nivel internacional, en áreas como Brasil y Permian en EE. UU.  

Las noticias aunque positivas y esperanzadoras acerca del futuro de la empresa, son preocupantes en cuanto al pobre resultado financiero que tendrá al final del 2020, lo cual impactará de manera muy sensible la economía del país por la pérdida de ingresos a la Nación por concepto de dividendos, regalías e impuestos.  El cinturón deberá ajustarse de todas maneras.

 

Carlos Alberto Leal Niño

Presidente JD Acipet

Con matrícula para ejercer

El uso de la matrícula profesional en Colombia está subvalorado. Hay pocas profesiones que lo exigen y su obtención para la mayoría es un desperdicio de dinero. Esto último es uno de los argumentos de un senador ponente de un Proyecto de Ley, que busca acabar con las matrículas profesionales de algunas profesiones y entregar el registro de los profesionales al Ministerio de Educación bajo un sistema en línea. 

Aunque la eliminación de la matrícula se vería como algo positivo, ya que está alineada con la política antitrámites y significaría ahorro para los profesionales, hay que hilar más fino sobre cuáles son los efectos de esta decisión.

El proyecto es inconveniente al dejar las puertas abiertas a que con un diploma y/u homologación se pueda ejercer una profesión de manera directa, dejando el registro único de profesiones u oficios como opcional. Lo que resulta preocupante teniendo en cuenta lo fácil que es obtener diplomas falsos.

En Colombia existen cerca de 60 profesiones reglamentadas por el Consejo Nacional de Acreditación que requieren tarjeta profesional, un requisito que estableció la Corte Constitucional, para aquellas profesiones que en su labor tenga repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo. Además, la Corte estableció que las profesiones legalmente reconocidas puedan ser organizadas en colegios, con una estructura interna y funcionamiento democrático, con la posibilidad de la asignación de funciones públicas y establecer los debidos controles.

Para el caso particular de la ingeniería de petróleos, la necesidad de este requerimiento se fundamenta en su rol primordial en la ejecución de actividades que tienen que ver con un recurso estratégico del país y de los riesgos a la seguridad, la salud y el medio ambiente que representan las operaciones que desempeña este profesional.  

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos es el órgano autorizado no solo para expedir la matrícula profesional, sino que su función es la de velar por que el ejercicio de la profesión sea ético, eficiente y socialmente comprometido con el desarrollo sostenible del país y del sector de los hidrocarburos.

Desde Acipet apoyamos la modernización de las instituciones, pero proponer su eliminación para lograr un objetivo de optimización de recursos puede hacer que sea peor la cura que la enfermedad.

A través de una reglamentación robusta y legal podemos fortalecer los consejos y/o colegios, que cumplan su función de mejorar la calidad de los profesionales en ejercicio, mediante la actualización de conocimientos; de garantizar la protección a los profesionales controlando el ejercicio por falsos profesionales y de extranjeros no licenciados; de prevenir incidentes, accidentes y pérdidas por la acción de personas desempeñando labores para lo cual no son competentes; y de ejercer control y sanción de profesionales que atenten a la ética y buen ejercicio de la profesión.

Por suprimir el trámite de expedición de la matrícula, no podemos acabar con el control de la profesión, ni de dejar de velar por la ética. Invito a los ingenieros de petróleos a comprometerse con el código de ética profesional y a defender la institucionalidad, fundamental para el desarrollo transparente de la profesión que tanto ha aportado al crecimiento económico del país. 

Carlos Alberto Leal Niño

Presidente JD Acipet

Ciencia y tecnología por Regalías

La competitividad está definida, según el Foro Económico Mundial, como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el grado de productividad de un país, y uno de los “potenciadores de eficiencia” incluye la capacitación, la educación superior, la preparación tecnológica e innovación, que mide qué tan bien las naciones están preparadas para la transición a economías basadas en conocimientos y generación de productos transformados.

Colombia ocupa el puesto 67 entre 129 países y el sexto lugar en América Latina, de acuerdo con el índice Mundial de Innovación, que clasifica el desempeño en materia de innovación, donde la estabilidad política en las instituciones es una de las debilidades del país, y dentro de las fortalezas se destacan la sostenibilidad ecológica.

Parte de la solución al tema institucional la constituyen la creación, aunque tardía, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y las iniciativas como Innpulsa; en donde el lunar lo representa la poca estabilidad institucional de Colciencias, que ha tenido ocho directores en los últimos nueve años.

El país pasa por una pobre gestión de los recursos disponibles para generar desarrollos tecnológicos debido a la escaza vigilancia, lo cual termina en la no ejecución o destinación inadecuada de los recursos. Actualmente el 10% de los 24.2 billones de los ingresos del Sistema General de Regalías están destinados a Ciencia y Tecnología (C & T). 

A pesar de que el presupuesto de regalías destinado a C&T no es menor, la inversión del país es baja con respecto a referentes internacionales con solo el 0,61% del PIB, mientras que el promedio de inversión en los países miembros de la OCDE está alrededor del 4% del PIB. El país como miembro de esta Organización está muy atrasado, teniendo en cuenta que la meta del Gobierno al 2022 es llegar al 1,5% del PIB.

En aras de incentivar la apropiación del ecosistema innovador, es pertinente plantear la idea de “ C&T por regalías”, con una metodología similar a la de obras por impuestos, en donde el giro de los recursos lo harían las compañías operadoras y/o de servicios del sector, para el desarrollo de proyectos que den respuestas a necesidades específicas de la industria, y que articulados con los entes de investigación y los emprendedores locales permita la generación de soluciones tangibles a cada problemática.  

Con esta nueva modalidad de ejecución de los recursos se podrá asegurar que estos sean bien invertidos en C&T, lo que va a permitir que las compañías aporten a través de su experiencia y la transferencia tecnológica, para la ejecución de proyectos que le representen al país la apertura de un nicho de producción de bienes y servicios especializados, contribuyendo a la diversificación del portafolio generador de recursos para los colombianos.

Esta iniciativa permitiría que el país acelerara su plan de cumplimento de metas, para ser competitivo a nivel de la OCDE, enfocando la transición de la dependencia tecnológica extranjera por tecnología made in Colombia. Esta tarea del Gobierno lograría la sinergia entre la academia y el sector energético, buscando garantizar una transferencia efectiva de tecnología y conocimiento, para consolidar un sector productivo más innovador y competitivo en el país.

Carlos Alberto Leal Niño

Presidente JD de Acipet

¿Matar la gallina de los huevos de oro?

 

Para recuperar el orden fiscal en el marco de la emergencia económica y social, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 811 de 2020, el cual “dicta medidas relacionadas con la inversión y enajenación de la participación accionaria del Estado”. Desde distintos sectores se han emitido pronunciamientos acerca de la inconveniencia que el Ejecutivo tenga herramientas para disponer de la venta de parte o la totalidad de la participación accionaria en sociedades privadas, públicas o mixtas.

Y especial preocupación causa las acciones que puedan tomarse con algunas “joyas de la corona” como Ecopetrol, Cenit e ISA, cuyas enajenaciones podrían significar hasta un 2.9% del PIB. Si el Ejecutivo continua con el plan de ofertar el 11% de ISA obtendría casi $10,6 billones, y por el 8% de Ecopetrol, cuyo proceso ya está autorizado, entraría a las arcas de la Nación más de $7,6 billones, lo cual quiere decir que con una venta de alrededor del 20% de estas empresas, al país le entrarían poco más de $18 billones, dinero que iría al gasto.  

Pero como consecuencia de la venta se dejarían de percibir el 20% de los dividendos que estas empresas generan; en el caso de Ecopetrol, para el año 2020 se estiman los dividendos en 9,6 billones de pesos, con lo cual se dejaría de recibir por la venta del 8% aproximadamente 768 mil millones de pesos.  Esto en un solo año.

Sin lugar a duda la situación económica del país es muy compleja, el Gobierno Nacional en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo informó que se prevé que el déficit pase del -8,2% en el 2020 a -5,1% en el 2021 y -2,5% en 2022.  Expertos consideran que el PIB de Colombia va a aumentar menos del 3% en 2021, porque la recuperación económica va a tardar más tiempo del esperado. Y para ajustarse a estas cuentas fiscales, deben tomarse acciones no muy populares, que incluirían entre otras una reforma tributaria, ajuste de la regla fiscal y las odiadas enajenaciones.

El Ministerio de Hacienda no ha indicado aún cuáles serían las enajenaciones que se podrían llevar a cabo, pero tiene un margen amplio si se tiene en cuenta que la Nación tiene participación en 105 empresas, con un valor superior a $170 billones. 

Las voces que justifican vender participación de Ecopetrol argumentan razones que son falacias, como el del fin de la era de las energías fósiles, cuando para la mitad de este siglo, la demanda global de hidrocarburos aún será de cerca de 90 millones de barriles por día, y el país seguirá demandando aún su consumo preferencial, a pesar de los buenos esfuerzos por tener una matriz energética más equilibrada con fuentes renovables. 

Históricamente las situaciones de crisis muestran el talante de los líderes que las enfrentan, y la sagacidad de los pseudo líderes oportunistas al acecho para pescar en río revuelto. Confiamos en la capacidad de quienes hoy nos gobiernan, para que se tomen decisiones acertadas, que privilegien el interés de todos los colombianos permitiendo que salgamos de esta crisis, sin detrimento al patrimonio, sobre todo de aquel que genera riqueza y valor en el largo plazo como son las empresas del sector energético.

No podemos afanarnos por la coyuntura, porque corremos el riesgo de la fábula de la gallina de los huevos de oro: matamos hoy lo que mañana nos ha de hacer falta.

Carlos Alberto Leal Niño

Presidente JD Acipet

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