A mediados de enero el ingeniero de petróleos Diego Fernando Lozano, quien se encontraba trabajando como responsable de la operación en el pozo T-888K, en la zona de influencia del municipio de Tibú en Norte de Santander, fue privado de su libertad y después de más de 20 días en esta situación fue liberado. Y de otro lado, no dejan de ser extraños los ataques a la infraestructura petrolera o todo lo que tenga relación con la misma.

Es lamentable e invita a la reflexión el por qué aquellos que defienden sus intereses políticos y están en contra de esta industria, no se pronuncian de ninguna forma respecto de estos hechos que van en contra de los ideales que promueven. Por un lado, la famosa frase de “todos somos iguales” y “merecemos los mismos derechos”, y por el otro, no a los combustibles fósiles responsables del calentamiento global.

Con respecto a lo primero, el privar a una persona de la libertad y más a quien está cumpliendo con sus obligaciones, no tiene calificativo alguno, es degradante. Y de lo segundo, ¿acaso los derrames generados por estos ataques con contaminación de suelos y fuentes de agua son noticias falsas de los medios? De la misma forma, algunas agremiaciones, en lugar de pronunciarse ante estos hechos, prefirieron hacer honor a la famosa frase “ser políticamente correctos”, cuando lo que se necesitaba era unir varias voces de protesta.

Y es que el ser ingeniero de petróleos se ha convertido en un tema de moda, pero por causa de todas las acciones que se han tomado en contra de la profesión, que como consecuencia han redundado en falta de oportunidades. Con el Decreto Ley 1668 se promueve la contratación del 100% del personal no calificado de las áreas de influencia en donde se tenga actividad petrolera, y el 30% del personal de mano de obra considerada calificada. La consecuencia hoy en día que, a diferencia de otras profesiones, es que la única que no tiene campo de acción a nivel nacional es la ingeniería de petróleos.

Un profesional del departamento del Casanare no puede laborar en otro departamento, pero alguien diría: ¿acaso los requerimientos en las zonas de influencia no se hacen extensivos a los municipios, departamentos, a nivel país, a manera de espiral, en caso de no contar con el personal competente requerido en la zona de influencia? Eso dice la teoría, pero en la práctica no funciona así.

La llegada de un profesional a las regiones con las mejores competencias, no es aceptada y en su defecto los proyectos se pueden ver afectados por las manifestaciones de sus residentes a manera de chantaje. Se imaginan ustedes, si para Bogotá se emitiera una ley en el cual ninguna persona que no sea de la capital tendría derecho al trabajo, con el argumento de generar mayores oportunidades para los bogotanos. Sería lo más absurdo e iría en contra de los derechos que tiene cualquier ciudadano.

La ingeniería de petróleos, una profesión amada por muchos y odiada por otros, seguirá comprometida con el aporte a la Nación para ser autosuficientes. Lograr una transición energética responsable, requiere de recursos y de una hoja de ruta a mediano y largo plazo. Quienes vienen diciendo lo contrario de seguro se retractarán. Lo que viene sucediendo en contra de la industria es realmente un tiro en el pie.

Óscar Díaz Martínez

Presidente de la JD de Acipet